AVALA SENADO LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES

           senado aprueba ley

 

 

 

 

 

 

 

 

El senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva, dio inicio a la sesión del siete de octubre donde se avaló el dictamen que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, cuyo objetivo es mejorar la nutrición, prevenir enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.

 Está dirigida a hombres y mujeres que presten a una persona física o moral un servicio subordinado y cuyas relaciones laborales se encuentren comprendidas en el apartado A del artículo 123 Constitucional

El Senado aprobó un dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, cuyas prioridades son mejorar el estado nutricional, prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.

 

Dicha norma está dirigida a hombres y mujeres que presten a una persona física o moral un servicio subordinado y cuyas relaciones laborales se encuentren comprendidas en el apartado A del artículo 123 Constitucional.

Los legisladores determinaron que la ayuda alimentaria no podrá ser otorgada en efectivo. De acuerdo al dictamen avalado por 79 votos, los patrones podrán optar, de manera voluntaria o concertada, por otorgar a sus trabajadores dicha ayuda y ésta deberá quedar incorporada en un contrato colectivo de trabajo.

Únicamente los patrones que cumplan con tales condiciones “podrán recibir beneficios fiscales”; es decir, los gastos por servicios de comedor y para la entrega de despensas o vales para despensa o para consumo de alimentos, serán deducibles de acuerdo a las leyes del IETU e ISR.

En tanto que los ingresos del trabajador estarán exentos por prestaciones de previsión social para el empleado, en los términos de la Ley del ISR y no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social.

La Secretaría de Salud definirá e instrumentará campañas nacionales, dirigidas específicamente a los trabajadores, en materia de promoción de la salud y orientación alimentaria, incluyendo mensajes para mejorar su estado nutricional y prevenir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.

El cumplimiento de la Ley estará a cargo de una comisión tripartita integrada por un representante de la secretarías del Trabajo, quien la presidirá; de Salud y otro de Hacienda, así como tres de organizaciones nacionales de trabajadores e igual número de los empresarios.

La omisión del patrón de mantener el control documental para demostrar que la ayuda haya sido entregada a sus trabajadores, se sancionará con multa de hasta dos mil veces el salario mínimo.

Además, la contratación por parte del patrón de una empresa emisora de vales que no cumpla los requisitos, se castigará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo.

En tanto, a los propietarios de los establecimiento en los que se fomente, permita o participe en el canje de vales impresos o electrónicos por dinero o para compra de bebidas alcohólicas o tabaco, se les aplicará multa de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo.

En la discusión del dictamen, el senador de Acción Nacional Alfredo Rodríguez y Pacheco destacó el carácter “humanista y económico” del proyecto de decreto, que vendrá a impulsar el cumplimiento de los derechos a la salud y a la alimentación.

Por el PRD, el senador Tomás Torres Mercado observó “bondades” en el contenido del dictamen, aunque anticipó que uno de los aspectos que pudieran generar debate es si los vales o la ayuda alimentaria son conceptos integradores del salario.

Por su parte, la senadora priista María de los Ángeles Moreno aseguró que el objetivo de la ley es que los trabajadores mejoren sus condiciones nutricionales y, por ende, su calidad de vida, además de que disminuirán los accidentes laborales y se aumentará la productividad.

En opinión del senador perredista Pablo Gómez Álvarez el proyecto “es algo que favorece a los propios patrones, puesto que pasa a ser costo de producción el gasto alimenticio o alimentario”.

Aprobado en lo general y en lo particular, el decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores fue remitido al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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