FRACASA ESTRATEGIA FEDERAL PARA COMBATIR OBESIDAD
La falta de instrumentos para lograr los objetivos sólo los deja como enunciados
En el documento “El fin del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA) y la necesidad de una Ley y Política Integral de combate a la Obesidad”, El Poder del Consumidor (EPC) solicitó a cada una de las 17 dependencias informes sobre los avances en los compromisos que firmaron en el ANSA.
Como ejemplo, EPC se refirió a los informes de la Secretaría de Salud en los que manifiesta que no cumplió diversos compromisos por falta de recursos, misma respuesta que otras dependencias dieron a la solicitud de información.
“La llamada estrategia para combatir la obesidad nació muerta por tratarse de un Acuerdo, de un instrumento que carece de vínculos a la legislación, que no cuenta con recursos financieros asignados, que no es obligatorio, que no establece sanciones ni seguimiento. El ANSA es el resultado de una política sometida a los intereses empresariales que se oponen a cualquier tipo de regulación que pueda afectar sus intereses, sus ingresos”, señaló Alejandro Calvillo, Director de EPC.
Los 10 objetivos del ANSA son correctos, aunque falta en ellos la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia.
La doctora Julieta Ponce, Directora del Centro de Orientación Alimentaria, invitada a comentar el documento de EPC, señaló: “El ANSA ha resultado ser sólo un conjunto de recomendaciones generales, en lugar de garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, tal como se establece en el artículo 4º Constitucional sobre el Derecho a la Alimentación: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”.
Por su parte, el doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, declaró: “El agravamiento progresivo de la situación epidemiológica indica claramente que las débiles medidas adoptadas como políticas gubernamentales no han logrado incidir en la medida requerida para evitar el colapso. Aparentemente ha prevalecido el interés de las empresas fabricantes de alimentos chatarra por encima de la obligación del Estado mexicano, limitándose a recomendaciones generales de índole individual, evadiendo la aplicación de leyes, reglamentos y normas que posibilitan limitar el daño a la salud de la población”.
“Cada año mueren más de 70 mil personas por diabetes en México, en el último sexenio han muerto alrededor de 400 mil personas por esta causa, la mayor parte de ellas por malos hábitos alimentarios. Los costos directos e indirectos provocados por el sobrepeso y la obesidad se encuentran en alrededor de 100 mil millones de pesos al año”, agregó el director de EPC.
