IMPUESTO A BEBIDAS SABORIZADAS
El pasado 20 de julio, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática integrado por los senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Mario Delgado Carrillo, solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una fiscalización del destino y ejercicio de los recursos obtenidos por el impuesto a bebidas saborizadas de 2014 – 2016.
De las “Consideraciones” planteadas por los legisladores cabe destacar las siguientes:
El 18 de julio de 2016, el Ejecutivo Federal promulgó las leyes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, de estas leyes gestadas en el Congreso de la Unión, establece un nuevo paradigma de combate a la corrupción en México, particularmente las bases de un nuevo sistema nacional de fiscalización que permite realizar investigaciones sobre posibles hechos de desvío de recursos públicos en el año fiscal en curso.
El 13 de julio de 2016, diversos legisladores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentaron una iniciativa que reforma la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para duplicar el impuesto a los refrescos, con fundamento en los resultados que presentó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en cuanto a la reducción del consumo a partir de su implementación, sin embargo, también se anunció la solicitud de realizar una investigación de los recursos obtenidos y su ejercicio durante este periodo por parte de la administración pública federal y locales.
En México, el consumo promedio per cápita de refrescos por día es de 500 mililitros, lo que significa una recaudación diaria aproximada de 60 millones de pesos, si se toma en cuenta que cada litro está tasado con un peso de IEPS. El consumo no se redujo y mucho menos en las poblaciones con bajos ingresos, pero el gravamen sí permitió más recaudación al gobierno.
En octubre de 2013 se aprobó una adición al inciso G), fracción I, del artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, un gravamen especial a las empresas productoras de bebidas azucaradas de un peso por cada litro de sus productos, con el fin de reducir la demanda de servicios de salud.
De acuerdo con las investigaciones del INSP en 2014 el impuesto logró disminuir 6% las compras de estas bebidas, cifra que fue disminuyendo gradualmente hasta alcanzar una reducción promedio de 12% en diciembre de ese año; en 2015 el impuesto logró reducir en 8% las compras de bebidas azucaradas.
Respecto a la recaudación cabe destacar que, en 2014, primer año que se impuso el gravamen, la recaudación ascendió a 18,279.67 millones de pesos, mientras en 2015 representó 21,391.91 millones de pesos. Esto significa un crecimiento de 11.04% en términos reales. Para 2014 se presupuestó en la Ley de Ingresos una recaudación de 12,455 millones de pesos por este impuesto, mientras que para 2015 el presupuesto ascendió a 18,271.1 millones de pesos, una variación de 5,816.1 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en este ejercicio fiscal, los meses donde se observó mayor recaudación, respecto al año anterior en términos reales por estas bebidas, fueron enero y marzo, con un crecimiento anual de 24.3 por ciento.
Desde la implementación en 2014, 2015 y al cierre de 2016, se espera una recaudación superior a los 50 mil millones de pesos, sin embargo, parte del acuerdo del Congreso de la Unión en la discusión de la reforma fiscal en octubre de 2013 y en los años subsecuentes de leyes fiscales de 2014 y 2016, fue la obligación que estableció el Poder Legislativo al Ejecutivo para destinar los recursos a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, particularmente proveer bebederos con suministro continuo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo.
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, legisladores, incluso la misma industria de refrescos y bebidas azucaradas, el problema con el impuesto al refresco es también su destino, “nadie sabe a dónde van los ingresos recaudados por el impuesto a las bebidas azucaradas”.
Por lo tanto, a partir de las nuevas facultades otorgadas a la Auditoría Superior de la Federación, los senadores consideraron que junto con el debate público del incremento del impuesto a bebidas saborizadas, también se debe se realizar una minuciosa fiscalización del destino y ejercicio de los recursos obtenidos por el impuesto especial a los refrescos.
Esta proposición con punto de acuerdo cuenta con el respaldo de diversas coaliciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en acciones integrales de prevención de la obesidad.
Sólo falta esperar el informe de la Auditoría Superior de la Federación.
Por Darinel Becerra
