Prohíben publicidad de alimentos chatarra en escuelas
La publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional (conocidos como alimentos chatarra) quedará prohibida dentro de los planteles escolares y sus inmediaciones, aprobó el Pleno del Senado de la República.
Con 86 votos a favor, el dictamen que reforma la Ley General de Educación ya fue remitido al Ejecutivo federal. Éste establece que las autoridades educativas serán quienes promuevan, ante las autoridades correspondientes, que dicha prohibición se lleve a cabo de acuerdo con los criterios nutrimentales de la Ley General de Salud.
La minuta también propone que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas preparadas, procesadas y a granel dentro de las instituciones educativas. Y precisa que para la elaboración de dichos alimentos, se cumplirán las reglas nutrimentales que determine la Secretaría de Salud, mismas que deberán evaluarse y actualizarse al menos cada cinco años.
La reforma observa que quienes ejerzan los cargos directivos así como las autoridades escolares serán los responsables de la aplicación y vigilancia de las disposiciones, junto con la autoridad sanitaria. Asimismo, estarán a cargo de sancionar en el ámbito de sus competencias su incumplimiento.
De acuerdo con un comunicado del Senado, otro aspecto dela nueva reglamentación es que las cooperativas al interior de las escuelas deberán funcionar con la participación de la comunidad educativa, con el objetivo de que fomenten estilos de vida saludables. En este rubro, los legisladores sumaron a los establecimientos de consumo escolar, cafeterías escolares, comedores y máquinas expendedoras, o sus equivalentes.
También se planteó que la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, comprendan los criterios de sustentabilidad, la ausencia de conflicto de interés y la garantía del interés superior de la niñez.
Aunado a lo anterior, el proyecto sugiere que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios adecuen sus leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, en un plazo no mayor de dos años, para cumplir con la regulación de la venta de alimentos y bebidas naturales y preparados, saludables, sostenibles y de la región, así como el consumo de agua potable.
